Según un diario independiente de Uruguay, las autoridades argentinas fueron debidamente informadas a través del CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) que integran ambos países. Como se desprende del artículo publicado por La Diaria “El 29 de abril de 2004, representantes de Botnia se reunieron con la CARU y presentaron información sobre la planta, según consta en el acta 02/04 de la comisión. Más adelante, la CARU mantuvo reuniones con representantes de la empresa para ampliar la información brindada, el 15 de junio de 2004 (acta 03/04) y el 19 de octubre de 2004 (acta 08/04). La CARU no se pronunció sobre el emprendimiento y transcurrió el plazo de 30 días dispuesto en el artículo 7. El mismo artículo dispone que, transcurrido el plazo sin pronunciamiento, la parte que proyecta
la construcción debe notificar sobre los aspectos esenciales del proyecto a la otra parte a través de la CARU, lo que se hizo efectivo en las fechas mencionadas. Cambio de rumbo El artículo 8 del estatuto dispone que, una vez que se produce la notificación, Argentina en este caso cuenta con un plazo de 180 días para expedirse sobre el proyecto, que comenzará a correr “a partir del día en que la Delegación de la Parte notificada haya recibido la documentación completa”.

“Argentina ahora alega que no recibió documentación suficiente, pero esto no consta en ninguna de las actas de la CARU. Transcurridos los 180 días, si no hay respuesta, la otra parte (en este caso, Uruguay) puede autorizar la realización de la obra. La documentación se entregó el 29de abril de 2004 y Uruguay otorgó la autorización ambiental previa a Botnia en febrero de 2005, más de 300 días después”.

El gobierno argentino deberá dar muchas explicaciones a sus ciudadanos, en especial a los entrerrianos y al pueblo de Gualeguaychú, si esto fue realmente así y está debidamente documentado. Porque de ser así Argentina recibirá un duro golpe cuando se expida el Tribunal de La Haya.